El Ministro de Obras Públicas, Gerson Martinez, calificó de “alentador para los intereses de la ciudadanía” la resolución dictada hoy por el Juzgado 5º de Instrucción de San Salvador, en relación a los hechos delictivos cometidos en la construcción del Bulevar Diego de Holguín, hoy Monseñor Romero. El tribunal resolvió apertura a juicio en contra de siete personas involucradas en los hechos, entre las cuales se encuentran los ex titulares del Ministerio de Obras Públicas, Jorge Nieto en su calidad de ministro, y Sigfrido Ochoa Gómez como Viceministro, por los delitos de peculado, falsedad documental agravada e incumplimiento de deberes para el primero, y peculado y falsedad documental agravada para el segundo.
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El Ministro Gerson Martínez dijo que escuchó una resolución ecuánime y bien fundamentada y que debe ser el tribunal de sentencia correspondiente con todas las pruebas y evidencias que durante todas estos años han sido presentadas, quien al final impartirá justicia conforme al derecho y al interés de la ciudadanía.
A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en este caso, es lamentable que en nuestro sistema de justicia aun persistan falencias que abren espacio a artificios dirigidos a permitir la prescripción de la acción penal a favor de los intereses de quienes comenten delito contra el patrimonio público y que en ciertos casos conduce a “extinguir la acción y responsabilidad penal”
El MOP cumplió su deber de dar aviso oportuno en mayo de 2010 ante la Fiscalía General de la República sobre los hechos. Sin embargo, la fiscalía de aquella época no actuó con la diligencia para judicializar el caso favoreciendo la impunidad a través de la prescripción. Pero el hecho de que hubo prescrito la acción de la justicia no significa que no haya comisión de delitos.
Los hechos que motivaron el aviso presentado por el MOP fueron del dominio público y las pruebas presentadas son irrefutables. Situación que fue confirmada por el Juzgado 5º de instrucción. Estos hechos están relacionados con la adjudicación, cambios de diseños, duplicidad de pagos, modificación de contratos llave en mano para facilitar arbitrajes y para cambiar la forma de pago, obras y suministros pagadas sin haber sido recibidas a satisfacción, usar el anticipo para pagar compromisos diferentes a los de la obra, entre otros hechos que socavaron la finanzas públicas, desfinanciaron el proyecto, dejando como resultado una obra abandonada, costosa e inconclusa.
El MOP en consonancia con el interés y el reclamo ciudadano, esperamos que en la próxima etapa del proceso la justicia vaya a fondo y castigue a los verdaderos responsable. El MOP continuará respaldando a las autoridades competentes a fin de que prevalezca la verdad y la justicia.
San Salvador, 31 de julio de 2015
